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A Parda: cuando la vivienda pública se hace por encima del vecindario
La Xunta de Galicia del Partido Popular impone en A Parda su «interés autonómico» pasando por encima de la vida de un centenar de familias. Cambia casas heredadas y hogares de 400 metros por pisos de protección oficial que limitan su propiedad. Detrás de la propaganda de la vivienda pública hay un atropello social que hoy sufre A Parda, pero que mañana puede llamar a tu puerta.
Qué es un PIA y por qué es un atajo
Lo que está pasando en A Parda y San Mauro es la aplicación de una herramienta urbanística excepcional: el Proyecto de Interés Autonómico (PIA). La Xunta la usa para acelerar la construcción de vivienda pública pasando por encima del planeamiento municipal, que en Pontevedra es un plan general de 1989 totalmente desfasado, y alegando una necesidad urgente de vivienda protegida. El ámbito se aprobó en agosto de 2025 y prevé unas 2.000 viviendas en más de 20 hectáreas, más del 80 % protegidas.
La base legal está en la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia, que en su capítulo de vivienda permite tramitar proyectos de interés autonómico para crear suelo residencial público y expropiar para hacerlo. Al declarar el proyecto de interés autonómico, la Administración evita los plazos y los debates de una modificación del plan general. Eso explica la sensación de «prisas y mentiras» que trasladan las personas afectadas.
Un informe ambiental que no ve a la gente
La Xunta optó por la evaluación ambiental simplificada en lugar de la ordinaria: consideró que el proyecto no tiene efectos significativos que pidan un estudio más profundo. El documento ambiental dice que el impacto sobre la población será positivo porque crea vivienda, pero no mide el impacto psicosocial y patrimonial de las familias que pierden sus casas. Para la Administración, 2.000 viviendas nuevas compensan la destrucción del tejido social que ya existe. Los vecinos y vecinas cuestionan esa cuenta.
Expropiar barato, construir caro
El malestar se centra en la falta de equivalencia. Las compensaciones que se ofrecen, según los afectados, son irrisorias: en una de las pancartas se leía «a 2 € non é progreso, é desprezo». La Administración suele valorar el suelo según su clasificación actual, mientras que el proyecto lo convertirá en suelo urbano de alta densidad.
La oferta de realojar a quien hoy tiene una casa unifamiliar con terreno en un piso de protección oficial es, para ellos, una pérdida de calidad de vida. Como dice una vecina, pasan de una propiedad plena a una vivienda con limitaciones para vender o alquilar durante años.
Consultas que no llegaron
La documentación oficial recoge un periodo de consultas previas, pero los vecinos denuncian que fue un trámite vacío: aseguran que no hubo reuniones reales con la mayoría de los propietarios. Si la información no llega de verdad a quien tiene que llegar, el procedimiento puede ser vulnerable por indefensión.
La pregunta que queda
Estamos ante un choque entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda que la Administración quiere resolver por la vía de la autoridad, minimizando el daño a quien ya vive allí para cumplir objetivos de construcción masiva. En la PAH defendemos la vivienda pública, y precisamente por eso no creemos que deba hacerse a costa de echar a otras familias de sus casas. ¿Justifica el beneficio de 2.000 viviendas el sacrificio forzoso de un centenar de hogares, o estamos ante un abuso de poder disfrazado de política social?
Publicado originalmente en nuestra página de Facebook el 22 de abril de 2026. Fuentes: notas de prensa de la Xunta de Galicia (6 de agosto de 2025 y 24 de febrero de 2026) y Ley 5/2024 (DOG del 31 de diciembre de 2024).