Los desahucios bajan, pero lo que entra en el juzgado sube

Este mes salió la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y los periódicos dieron el titular: en 2025 se practicaron en Galicia 1.046 lanzamientos, un 12,2 % menos que el año anterior. Es cierto y conviene decirlo sin retorcerlo.

Pero en la asamblea no notamos que bajara nada. Siguen llegando las mismas cartas, las mismas fechas escritas a máquina, la misma gente que trae la documentación en una bolsa de plástico porque no le cabe en el bolso. Así que fuimos a mirar los números por dentro, que es lo que hacemos siempre antes de opinar. Publicamos hoy el informe completo, con todo lo que encontramos.

Un lanzamiento es el final, no el principio

La cifra que baja y la realidad que no baja no se contradicen: cuentan cosas distintas. Un lanzamiento es el final de un camino que empezó hace dos, tres o cuatro años. Si quieres saber lo que viene, no mires la puerta que se abre hoy: mira cuántos procedimientos están entrando.

Y ahí los números van justo en la otra dirección. Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia llevan tres años subiendo: 771 en 2023, 944 en 2024 y 1.011 en 2025. La propia memoria habla de «la tendencia al alza iniciada en 2024».

Pon ese dato al lado del otro: los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 34,8 %, de 181 a 118. Es decir, en 2025 entraron en los juzgados gallegos 1.011 ejecuciones nuevas y salieron 118 lanzamientos por esa vía. El embudo se está llenando por arriba mientras por abajo gotea menos.

Ocho de cada diez son por no poder pagar el alquiler

De los 1.046 lanzamientos practicados, 876 fueron por impago de renta, el 83,7 %. Otros 118 por ejecución hipotecaria y 52 por otras causas. Y el peso del alquiler no deja de crecer: en 2024 era el 80,5 %; en 2025, el 83,7 %.

Esto importa porque el alquiler es, de las tres vías, la que menos defensas tiene. En una ejecución hipotecaria hay cláusulas abusivas que oponer y margen para negociar con el banco. En un desahucio por impago de renta, si debes tres meses y no los pagas, el procedimiento es rápido y las defensas son pocas.

El dato que más nos preocupa: 104 peticiones, catorce suspensiones

La memoria trae una novedad que agradecemos: por primera vez se publica cuánta gente pide que le suspendan el lanzamiento por vulnerabilidad. El primer dato es demoledor.

En el cuarto trimestre de 2025, los juzgados gallegos recibieron 104 peticiones de suspensión por especial vulnerabilidad y resolvieron 94. Se acordaron catorce suspensiones: cinco por el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020 y nueve por el artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por el artículo 1 bis, el que protege a quien está en un procedimiento de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1, no se suspendió ni uno solo.

Para pedir esa suspensión hace falta un informe de los servicios sociales del ayuntamiento que acredite que el hogar es vulnerable y que no tiene alternativa habitacional. Ese informe lo emite una administración autonómica y municipal, no el juzgado. Si los servicios sociales no tienen medios para emitirlo en plazo, el derecho se queda en el papel aunque el juez quiera aplicarlo.

Los flecos: lo que la estadística no cuenta

En el informe recogemos seis agujeros, y ninguno es casual:

• No hay desglose provincial de los lanzamientos. Sabemos que en Galicia fueron 1.046. No sabemos cuántos en Pontevedra. La memoria sí desglosa por provincias los asuntos ingresados y resueltos, pero los lanzamientos los da en bloque.
• No se sabe cuántos son de vivienda habitual. La propia memoria avisa de que los lanzamientos afectan a locales, naves y toda clase de inmuebles. Pero no publica el desglose.
• Las suspensiones solo tienen un trimestre. Sin los tres anteriores no hay evolución ni comparación posible. La memoria lo reconoce.
• No se publica por qué un lanzamiento señalado no llega a practicarse: acuerdo, pago, realojo o aplazamiento. Ese es el dato que permitiría saber si la mediación funciona.
• Nadie cuenta qué pasa con una familia después del lanzamiento. Eso no es competencia del tribunal: es del IGVS y de los servicios sociales. Y tampoco está.
• No hay convenio de detección de vulnerabilidad en Galicia. El Consejo General del Poder Judicial firma con las comunidades convenios para que el juzgado avise a los servicios sociales antes de que llegue la comisión judicial. En su memoria de 2025 recoge un único convenio nuevo de este tipo: el firmado el 25 de septiembre de 2025 con el Gobierno de Aragón. De Galicia, nada.

Y mientras tanto, 17.634 hogares esperando en Pontevedra

A 15 de octubre de 2026 había en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia 36.705 inscripciones. 17.634 son de la provincia de Pontevedra, casi la mitad de toda Galicia. Frente a eso, el IGVS estima en torno a 500 las viviendas de promoción pública existentes en la ciudad de Pontevedra.

El propio Observatorio da Vivenda de la Xunta publica el dato que lo explica todo: el parque destinado a alquiler social es en España del 1,6 %, frente al 9,3 % de la Unión Europea. Con ese parque no hay alternativa habitacional que ofrecer. Y sin alternativa habitacional, la suspensión por vulnerabilidad —que exige justamente que no la haya— se convierte en un trámite que solo retrasa lo inevitable.

Lo que pedimos

Nada de lo que pedimos requiere cambiar una ley estatal. Al TSXG, que publique el desglose provincial de los lanzamientos y distinga los de vivienda habitual. A la Xunta, que firme con el CGPJ el convenio de detección de vulnerabilidad como hizo Aragón, que dote a los servicios sociales para emitir los informes en plazo, que publique cuántos hogares lanzados fueron realojados y que amplíe el parque público con objetivos verificables, no con anuncios de viviendas «en marcha».

Todo el detalle, con las fuentes y con los cuadros, está en el informe.

Descargar «Puertas que se abren por fuera» (PDF, 17 páginas)

Datos de las memorias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2024 y 2025, de la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2025 y de la estadística del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda del IGVS. 31 de octubre de 2026.