Los pisos que el Estado le quita al narco acaban en subasta, no en vivienda pública

El 19 de noviembre se subastan en Madrid veintiséis lotes de bienes decomisados al narcotráfico. Seis de ellos son inmuebles del Salnés y de Pontevedra y suman unos 2,1 millones de euros: un edificio entero en A Illa de Arousa, dos inmuebles en Sanxenxo, una casa en Vilagarcía, un piso en Pontevedra y una finca en Ribadumia. Aparte van una decena de locales en Santiago.

Cuando esto sale en el periódico, en la asamblea la pregunta la hace todo el mundo: si el Estado le quita una casa a un narco, ¿por qué no la convierte en vivienda pública? Hay 17.634 hogares apuntados en el registro de demandantes solo en la provincia de Pontevedra. Parece de cajón.

Fuimos a mirarlo, y lo que encontramos no es lo que esperábamos. Publicamos hoy el informe completo.

No es un olvido: está escrito en la ley

La Ley 17/2003, que regula el Fondo de bienes decomisados, cierra las dos puertas:

• El artículo 2 tasa los fines a los que se puede destinar el Fondo: prevención de toxicomanías y asistencia a personas drogodependientes, persecución del tráfico de drogas y cooperación internacional. La vivienda no aparece.
• El artículo 3.1 tasa quién puede ser beneficiario. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están en la lista, pero solo para sus planes sobre drogas o para dotar de medios a sus policías. Una consellería de vivienda no está. El IGVS, tampoco.
• El artículo 4.1 establece que los bienes «se enajenarán» como regla general. La cesión es excepcional y solo para los fines del artículo 2.

Así que la culpa no es de la Xunta, al menos no en esto: la Xunta no puede pedir esos pisos para vivienda aunque quiera. La culpa es de quien escribió la ley y de quien no la ha cambiado en veintitrés años.

Adónde va el dinero

El Fondo repartió en 2025 un total de 28.649.241 euros: 13,85 millones a prevención y tratamiento, 12,3 millones a policía, aduanas y fiscalía, y 2,5 millones a gastos de gestión del propio Fondo. A vivienda, cero euros.

Para ser justos, del Fondo sí llega dinero a Galicia: en 2025, Vigo recibió 228.873 euros, Lugo 162.299 y A Coruña 65.609 para programas de prevención de adicciones. Ese dinero está bien gastado y no vamos a decir lo contrario. Lo que decimos es otra cosa: que el edificio de pisos se vende, y que el dinero del edificio no vuelve en forma de techo.

A Illa de Arousa encontró el resquicio

Hay una puerta abierta en la ley actual, y un ayuntamiento de poco más de cinco mil habitantes la ha encontrado. No es una cesión: es una compra.

En octubre, el edificio de O Xufre —quince viviendas y dos bajos, en obra avanzada, tasado en 1.094.959 euros— se retiró de la subasta del 19 de noviembre. El Concello da Illa de Arousa lo compró por venta directa por 1,3 millones, con pago aplazado a diez años y el primer pago en 2027. Van a ser vivienda pública.

Y no era la primera vez: a finales de 2024 el mismo ayuntamiento ya había conseguido que se retirase otro lote y compró tres terrenos destinados a setenta viviendas sociales, un pabellón de deportes náuticos y un parque.

El alcalde, Luis Otero, lo resumió en una frase que explica el informe entero mejor que nosotros: «Donde antes hubo dinero del narcotráfico queremos que haya hogares, familias y futuro». Y añadió, con los pies en el suelo, que quince viviendas «no resuelven todo el problema», pero que «cada paso importa».

Y la Xunta sí sabe hacer esa operación

Porque lleva desde 2022 persiguiendo a la Sareb por todas las vías: le propuso ceder suelo para promoción pública, le compró 40 viviendas en marzo de 2023 por casi 3,5 millones repartidas en 16 concellos, reclamó en junio de ese año la cesión gratuita, le compró 22 viviendas más por 2.049.421 euros en diciembre de 2024, adjudicó dos de Sarria ya reformadas en septiembre de 2025, pidió al Ministerio gestionar el parque de la Sareb en noviembre de ese año y en septiembre de 2026 exigió en el Parlamento que complete la adjudicación de siete viviendas protegidas en Narón.

Hay que decir también, porque es cierto, que la Xunta pidió la cesión gratuita y el Gobierno se la negó: «descartan la cesión gratuita y solo se contempla la venta de los activos». La conselleira calificó la situación de «absurda» y tiene su parte de razón.

Dicho de otro modo: cuando a la Xunta le interesa un parque de viviendas, lo persigue cuatro años, lo reclama en el Parlamento, lo compra a plazos y lo reforma.

Y hay más: la Xunta ya está dentro del circuito

Esto no esperábamos encontrarlo. En Galicia existe desde enero de 2016 un Servicio de Gestión de Bienes Incautados, que presta la Fundación Galega contra o Narcotráfico junto con el Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, al servicio de los juzgados y la Fiscalía. Recoge los bienes, los deposita, los valora y ejecuta lo que el juez decida: venta, devolución, depósito o cesión para uso social a entidades sin ánimo de lucro y administraciones locales.

¿Y quién lo sostiene? La Xunta, a través de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con un convenio anual. En 2018, el último dato publicado que localizamos, la aportación era de 15.000 euros al año.

Pero ese servicio gestiona bienes muebles: coches, furgonetas, un barco, equipos informáticos. No inmuebles. Los inmuebles van al Fondo estatal y de ahí a la subasta de Madrid.

Así que el cuadro queda así: la Xunta tiene una pata metida en la gestión de bienes incautados desde 2016, por Xustiza, y esa pata contempla expresamente la cesión para uso social. Tiene otra pata, Vivenda, que lleva cuatro años peleando por cada piso de la Sareb. Y en medio, seis inmuebles decomisados que salen a subasta en su propia provincia sin que ninguna de las dos se mueva. El que se movió fue A Illa de Arousa.

La gente que vive dentro

Un piso decomisado no siempre está vacío. El propio informe del Fondo describe que, cuando el inmueble está ocupado, hay que hacer «la investigación sobre su naturaleza jurídica y la regularización y control de aquellas que lo son con título jurídico válido y, en las que no lo tuvieran, la obtención del desalojo de sus ocupantes». Y menciona «las rentas generadas por los inmuebles alquilados», así que sabemos que hay inquilinos que pagan renta al Estado.

Lo que no dice es cuántos. Ni cuántos desalojos se practican, ni qué pasa con el contrato de alquiler cuando el piso se vende en subasta y cambia de dueño. Vamos a preguntarlo por el Portal de Transparencia.

Lo que pedimos

Al Estado, modificar los artículos 2 y 3.1 de la Ley 17/2003 para que los inmuebles residenciales del Fondo puedan destinarse a vivienda pública, y establecer un derecho de tanteo a favor de la administración de vivienda antes de la subasta.

A la Xunta, nada que exija crear un organismo nuevo: que Xustiza avise a Vivenda cada vez que un inmueble residencial entre en el circuito, que acuda a las subastas como lleva cuatro años haciendo con la Sareb, que el IGVS lleve un registro público de estos inmuebles y que apoye a los ayuntamientos que quieran hacer lo que hizo A Illa.

Todo el detalle, con las fuentes y con los cuadros, está en el informe.

Descargar «Se vende» (PDF, 19 páginas)

Datos del Informe sobre la actividad del Fondo de bienes decomisados de 2025 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), de la Ley 17/2003, de las convocatorias de subasta y de las notas de prensa de la Xunta. Los bienes citados están decomisados por sentencia firme; no publicamos direcciones ni datos de quien resida en ellos. 2 de noviembre de 2026.