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KIT RDL 5/2017 Moratoria e Aluguer Social

Acábase de aprobar o Real Decreto 5/2017 que modifica o Real Decreto 6/2012 (Coñecido como Código de Boas Practicas) e a Lei 1/2013 que decretou unha tímida moratoria de 2 anos para algúns casos de desafiuzamento.

Aínda que se anuncian como medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios, as modificacións teñen un alcance limitado e cosmético, para a galería, pois non soluciona as carencias das versións anteriores e non aborda a situación actual de miles de persoas en emerxencia habitacional.

A principal novidade é que este Real Decreto amplía os supostos de especial vulnerabilidade para a moratoria, a todas as familias con menores de 18 anos, independentemente do número ou idade, cuestión que dende a PAH xa denunciaramos mediante o recurso de inconstitucionalidade que expomos contra a Lei 1/2013.

Con todo, aínda que se teña unha situación “vulnerable”, mantense o requisito “económico”, que obriga a demostrar que o esforzo no pago da hipoteca incrementouse no últimos catro anos. Concretamente o artigo 1.3.b que di: “Que, nos catro anos anteriores ao momento da solicitude, a unidade familiar ha de sufrir unha alteración significativa das súas circunstancias económicas” e compleméntao co punto 4 do mesmo artigo cando di: “A efectos do previsto neste artigo entenderase: Que se produciu unha alteración significativa das circunstancias económicas cando o esforzo que represente a carga hipotecaria sobre a Renda familiar multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” non ten en conta a cronificación da situación da pobreza que foi facendo imposible o pago das cotas por dificultade acumulada tras varios anos de redución de ingresos, aínda que a cota mantívose máis ou menos estable.
É habitual caer en falta de pagamento de hipoteca por esgotamento no esforzo económico tras varios anos obtendo ingresos irregulares de aquí e de alá, con independencia da cota.

Cando se redactaron as moratorias orixinais, anos 2012 e 2013, este criterio podía ter certo sentido, pero entón as situacións de vulnerabilidade contempladas eran máis restritivas e, por tanto, tampouco eran medidas reais e efectivas para a maioría das familias afectadas. Por iso, a medida chega tarde e mal, xa que miles de familias que se puideron beneficiar desde o ano 2013 ata agora, xa non teñen opción, e hoxe en día, moitas delas viven pendentes de desafiuzamentos de aluguer.

Outro aspecto que contempla a Lei é un aluguer para as mesmas familias que teñen dereito á moratoria. A familia deberá afrontar, se quere acceder a iso, o pago da taxación da súa vivenda a fin de calcular o prezo da cota de aluguer, que será dun máximo do 3% anual do valor actual da vivenda, pero non regula nin limita estes alugueres en función da situación social e económica das familias que se poderían beneficiar. En conclusión, a medida establece un impedimento á vez que obriga a pagar a taxación que pode custar uns 400 euros ou máis, e deixa en mans das entidades financeiras o feito que sexa ou non unha medida efectiva para as familias que poidan pagar a taxación.

Este aluguer establecerase por cinco anos (o anterior era só por tres) o que parece un incentivo para que as persoas con moratoria non esgoten o prazo total ata maio de 2020, aínda que teñan dereito a iso.

Achegámosvos os documentos útiles para o seu respectivo uso:

  1.  SOLICITUD MORATORIA 2017
  2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
  3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
  4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
  5.  Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés(coas reformas en amarelo e as principais modificacións en verde):
    – Ámbito de aplicación da situación de vulnerabilidade.
    – Novo prórroga de prazo de suspensión de lanzamentos (ata o 15 de maio de 2020).
    – Mecanismos de aluguer (sobre inmobles obxecto de lanzamento + suspensión).
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¡Ni un paso atrás en el derecho a la vivienda!

29 abril de 2016 el Partido Popular suspende la ley 24/2015
En la PAH tenemos un mensaje: no vamos a permitir que se vulnere el derecho a la vivienda
#NiUnPasoAtrás

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¡Golpe de estado del PP, la banca y las eléctricas contra el derecho a la vivienda! ¡Todas a la calle!

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La presión de la PAH hace dudar al PP en su tentativa de tumbar a la Ley 24/2015

El recurso de inconstitucionalidad no se ha interpuesto en el Consejo de Ministros de hoy.

Finalmente y contra todo pronostico, hoy viernes 22 de Abril el Partido Popular no ha interpuesto recurso a la Ley 24/2015 de Catalunya sobre emergencia habitacional y pobreza energética. Una ley que, recordemos, tiene un amplio apoyo social en todo el estado porque es la primera ley conseguida por la PAH y porque para a diario desahucios y cortes de suministros.
Hace una semana saltaron todas las alarmas porque se reunió la comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y la Generalitat que tenia que decidir si esta ley se llevaba al Tribunal Constitucional o no. Nuestra reacción contra de esta amenaza no se hizo esperar y convocamos protestas en todo el estado, además de una campaña de apoyo publico a la norma. En los días posteriores hemos conseguido el apoyo de todos los grupos del Parlamento catalan y del Congreso, a excepción del PP que ha quedado aislado.
Las informaciones que nos llegaban y las previsiones mas realistas apuntaban que era casi seguro que este recurso seria interpuesto en el día de hoy, pero una vez mas se ha demostrado que la presión por tierra, mar y aire de la ciudadanía les influye y puede llegar a hacer tambalear una decisión que estaba ya tomada y un hecho que parecía inevitable!
Hay riesgo de que acaben interponiendo este recurso para suspender la ley hasta el día 5 de mayo, por lo que la semana que viene es clave para evitarlo. El Consejo de Ministros del 29 de abril es su última opción para hacerlo.
Por este motivo la semana que viene vamos a redoblar la presión para defender esta ley que protege el derecho a la vivienda. Estad atent@s porque en los próximos días os vamos a decir como y donde.
Demostraremos juntas que esta ley, nacida gracias a la lucha en la calle, ha llegado para quedarse y para extenderse al resto del estado. Porque es necesaria para proteger el derecho a la vivienda y porque llena el vacío legislativo y la parálisis gubernamental que no consigue revertir el estado de emergencia habitacional perpetuo que estamos viviendo desde hace más de 7 años.
¡Ahora os necesitamos mas que nunca!

¡La Ley 24/2015 no se toca!
Paremos este golpe de estado del PP, la banca y las eléctricas!

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¿Segunda oportunidad?, a buena fé.

Con la Ley de Segunda Oportunidad, el Gobierno ha adoptado una serie de reformas “supuestamente” encaminadas a paliar la situación de sobreendeudamiento de miles de familias y trata de evitar que los “ingresos futuros se destinen únicamente al pago de las deudas”.

Las medidas, vigentes desde el 1 de marzo, se han instrumentado mediante reformas del Real Decreto-ley 6/2012 –Código de Buenas Prácticas Bancarias–, de la Ley 1/2013 –Moratoria Antidesahucios– y sobre la Ley Concursal.
Las únicas medidas relevantes adoptadas han sido la ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios hasta marzo de 2017 y la inclusión en el colectivo de “especial vulnerabilidad” de los deudores de 60 años o más.

El aspecto más significativo es la reforma de la Ley Concursal, que consiste en la articulación de un procedimiento largo, complejo y caro (la mayoría de las familias que se han visto inmersas en una situación de insolvencia han tenido que pasar por un procedimiento concursal de larga tramitación ordinaria) por el que, tras acreditar el cumplimiento de un buen número de requisitos personales y objetivos, y previo intento de un procedimiento de mediación ante notario y liquidación de su patrimonio, el deudor persona física pueda solicitar al Juzgado de lo Mercantil la exoneración de la deuda, que la podrá acordar –si se cumplen los requisitos– de modo imperativo para los acreedores.
El procedimiento requerirá de la asistencia de abogado, notario, mediador concursal y, en su caso, de un administrador concursal. Todos ellos profesionales que no cobran del erario público, sino de la masa activa del concurso, es decir, del patrimonio del deudor.
El procedimiento consta de cuatro fases:

a) Acuerdo extrajudicial de pagos
, es un proceso previo a la vía judicial. No pueden instar el acuerdo los que hayan sido condenados en los últimos diez años por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico –hurto, robo, usurpación, daños, etc.– o por falsedad y delitos tributarios. Tampoco los que hayan llegado a un acuerdo de refinanciación de su deuda en los últimos cinco años.La retribución del notario o mediador que lo tramita será un porcentaje sobre el importe del activo y el pasivo del deudor, lo que puede condicionar su imparcialidad, ya que en caso de controversia respecto a la cuantía de la deuda, el mediador tendrá interés en que se fije la más alta.

b) Liquidación del patrimonio del deudor, a través de un abogado, se insta al juez a la apertura de concurso. Sólo tras perder todo su patrimonio, incluida la vivienda garantizada con hipoteca, el deudor puede pedir al juez la exoneración de la deuda que quede, si cumple con los requisitos de no haber cometido delitos, no haber rechazado oferta de empleo en los últimos cinco años, ni haber refinanciado su deuda.

c) Exoneración provisional del pasivo insatisfecho y un periodo de vigilancia de cinco años en que el deudor debe cumplir unos requisitos y satisfacer las deudas no perdonadas, antes de obtener la exoneración definitiva de la deuda. Si en los cinco años posteriores a la concesión, si el deudor ha cumplido el plan de pagos y su situación económica no ha mejorado, puede solicitar al juez la exoneración definitiva de la deuda.

La hipoteca sigue estando fuera del concurso de acreedores personal, aunque se establece que la parte de la hipoteca que no se cubra con la entrega del inmueble queda exonerada, al igual que otros créditos, si se cumplen las condiciones antes citadas.

Aunque la mayoría de los afectados por el sobreendeudamiento son afectados por la estafa hipotecaria, se podría haber optado por un método más sencillo, eficaz y gratuito para el deudor.

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

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