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Blackstone y Tinsa van al Congreso a responder ante la Comisión Investigación crisis financiera España.

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Bajo las siguientes consignas:

1-     La vivienda es un derecho, no una mercancía. Contra el acaparamiento especulativo de los Fondos de títulización, Fondos Buitre y Socimis.Queremos parque público de viviendas. 

2-     Contra la ingeniería legal y sus aliados necesarios: NO a la Ley de contratos de Créditos Inmobiliario 

3-     No son suicidios, son asesinatos

¡Atenta a nuestras redes sociales y busca la acción más cercana!
El jueves 28 súmate a las acciones de la PAH en todo el Estado, a los bancos que están vendiendo las vidas de las familias a Blackstone.

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquilerBlackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.

Un año más tarde compró 40.000  hipotecas por 4.000  millones  de  euros,  con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a Catalunya Caixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar  el impuesto  de  sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.

Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas.

Tinsa Es una empresa líder en las tasaciones inmobiliarias; se hablan de profesionalidad, técnica, fiabilidad,… para la PAH es una empresa al servicio del capital, responsable de miles de tasaciones abusivas e infladas; ha estado en la base del sistema corrupto actual, basado en que la vivienda no es un derecho humano, sino una mercancía con la que ganar dinero, a costa del trabajo y de la vida de miles de personas. Por eso, este 27 vamos a decirles NO a ellos y al proyecto de Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios, de Guindos, que quiere frenar de raíz  todo el éxito que ha supuesto considerar el Vencimiento Anticipado como una cláusula abusiva del TSJUE, utilizando mecanismos como el paso de renta variable a renta fija en nuevas novaciones,….

Y quién es Jordi R.F? Un hombre de unos 45 años, electricista parado, que se lanzó por la ventana desde la décima planta de un edificio situado en la calle Camélias de Cornellà de Llobregat (Barcelona) cuando la comitiva judicial que iba a desahuciarlo se ha personado en su casa. Ha muerto a manos del sistema bancario y de la legislación criminal de este país, en materia de vivienda. Iba a ser desahuciado porque no podía hacer frente al pago del alquiler de su vivienda al Banco Popular. Una vivienda recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone.

¡No es un lema, es una realidad! Hay vidas en juego y ha llegado el momento de poner una solución, para evitar que se sigan sesgando.

Los buitres campan a sus anchas gracias a la complicidad política, y no estamos dispuestas a permitirlo más. Seguiremos golpeando desde abajo, peleando caso a caso, hasta lograr que se legislen nuestras demandas recogidas en la #LeyViviendaPAH, logrando esos cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna, estable y asequible.

Hemos de cambiar la legislación que favorece a los intereses del capital especulativo, aumenta la emergencia habitacional y nos echa de nuestras casas. Sí, hemos de luchar cada caso, pero no cambiará nuestra vida si no lo hacen las condiciones de los créditos abusivos y las políticas por el derecho a la vivienda.

Descargate aquí un informe que no te puedes perder

#StopBlackstone

#StopViolenciaInmobiliaria

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El PP se compromete públicamente a apoyar la Ley de Vivienda de la PAH

Durante los próximos meses la PAH acudiremos al Congreso de los diputados para exigir la firma de compromiso de todos los grupos parlamentarios para que se legisle, lo antes posible, la Ley de Vivienda de la PAH un texto de ley que recoge cinco medidas de mínimos para afrontar la emergencia habitacional.

La primera es la dación en pago retroactiva, que representa un salvavidas para las más de 600.000 familias en procesos hipotecarios que han sido ejecutados por los bancos, perdiendo su hogar y arrastrando una deuda de por vida. La segunda es la necesidad de una moratoria de los desahucios, para que no se repita la oleada de desahucios que la ciudadanía hemos sufrido durante la última década. La tercera incide en el aumento del parque público de vivienda. Hablamos de un parque que, a día de hoy, no supera el 1% en todo el estado español. Una cifra ridícula, incapaz de dar respuesta a la realidad, y que se aleja sobremanera de la media mínima del 15% de parque público existente en el resto de la Unión Europea. La cuarta es garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas asegurando un acceso integral y digno a la vivienda.

Y la quinta es garantizar los derechos de las inquilinas mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Durante los últimos años hemos padecido en nuestros municipios unas constantes subidas de los precios y un recorte de la duración en los contratos que aplasta cualquier proyecto y perspectiva de futuro de las familias. Las cifras rondan el 15% de subida de media en las principales ciudades del estado, convirtiendo el alquiler en un problema ya que tampoco puede ser un modo de vida sostenible. Sólo en Barcelona la subida ha llegado a aumentar más del 24% en los últimos tres años. De esta forma, se imposibilita, a las mismas familias que son incapaces de vivir en propiedad, que tampoco lo hagan de alquiler, relegándolas a la incertidumbre y la violación sistemática de sus derechos. Para solventar esta situación, desde la PAH proponemos la creación de un índice de referencia para regular los precios de cara a proteger el Derecho a la Vivienda. Medida que ya existe y funciona eficazmente en municipios de Alemania, Francia y los países escandinavos.

Precisamente, ayer se aprobó en el Congreso una Propuesta No de Ley presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos que seguía la línea de establecer un marco legislativo que protegiera los derechos de las inquilinas. Sobre su propuesta, valoramos en positivo que se proponga dotar a los Ayuntamiento la capacidad de incidir sobre los precios del alquiler, también volver a los 5 años de duración en los contratos y la eliminación de facilidades fiscales para las SOCIMIS, conocidos por ser los fondos de inversión que han protagonizado la compra de vivienda pública. Sin embargo, destacamos la necesidad de que quede recogido en futuras propuestas de ley que nunca más se pueda volver a vender vivienda pública en este Estado , y también de ampliar los contratos de alquiler hasta a 10 años de duración cuando el propietario sea un gran tenedor  de vivienda.

Hay que destacar que, durante el debate parlamentario, el Partido Popular extrajo durante su intervención un flyer de la Ley de Vivienda de la PAH y aseguró ser el único grupo parlamentario que asumía las demandas de la ciudadanía. En las próximas semanas nos reuniremos con todos los grupos parlamentarios para instarles a ratificar su apoyo a nuestras demandas y, visto que el gobierno del PP acaba de realizar una aseveración tan directa, lo coherente, lo que exigimos, ya que ellos nos han dado pie, es que el Partido Popular deje por escrito que facilitará el trámite del texto de ley que la PAH registraremos en el Congreso. Y aún más, sabiendo que el gobierno del PP tiene la capacidad de vetar, durante un mes, cualquier propuesta de ley que se registre en el Congreso, dicho compromiso para con nuestro texto de ley debe incluir la promesa pública de no interponer ningún veto. Un mínimo que ya les trasladamos cuando realizamos una ronda de negociaciones sobre el contenido del texto con todos los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo. Sería muy desafortunado que el PP hubiera lanzado semejante afirmación teniendo en cuenta que, recientemente, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dictaminado que en el estado español se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en materia de vivienda. Una vulneración que se traduce en la ejecución de 173 desahucios diarios según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La PAH se toma las cosas en serio porque hay vidas en juego. Llevamos tiempo no solo parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, sino proponiendo soluciones. Soluciones que el Partido Popular rechazó y suspendió cuando se legislaron a nivel autonómico. Es por eso que instamos al gobierno, al Partido Popular, que  no solamente escuche o tome un panfleto, sino que aplique las medidas que se proponen en La ley de Vivienda de la PAH, porque son medidas de sentido común que dan soluciones a toda la ciudadanía. Nosotras hablamos de derechos, del Derecho a la Vivienda, del derecho a poder empezar de cero, de poder vivir en nuestras ciudades, de poder abrir un grifo y salga agua. Porque actuamos con la seriedad que implica que cualquier familia, en cualquier pueblo del territorio español, tenga garantizado poder vivir en un hogar dignamente.

#LeyViviendaPAH

 

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¿Bono Social…?, Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de Diciembre

En España, actualmente casi 4 millones y medio de personas sufren pobreza energética y  a más de 650.000 familias se les ha cortado alguna vez el suministro por impago.

 

El Sr. Zapatero en 2009 y el sr. Rajoy en 2013 dieron pasos (?) para paliar, los efectos de la pobreza energética, aunque las restricciones y la falta de información disponible hicieron que ni siquiera la mitad de las familias a las que la medida iba dirigida se apuntaran.

 

Mientras tanto, el Tribunal Supremo tumbó el sistema de financiación a petición de las eléctricas que lo ofrecían. Lo consideró discriminatorio para los intereses de estas compañías, ya que tenían que hacer frente a los costes del bono social (unos 200 millones de euros anuales). El Supremo determinó que estos costes deberían ser repartidos de forma objetiva.

¿Cómo es el nuevo bono social?, a día de hoy, el bono social es un descuento del 25% sobre el precio de la energía de la tarifa regulada, el PVPC, para determinados consumidores considerados vulnerables. Para acceder al Bono Social se debe cumplir al menos uno de estos requisitos: ser familia numerosa, pensionista mayor de 60 años con la prestación como único ingreso, que todos los miembros del hogar estén en paro y que en los hogares haya contratada menos de 3 kW de potencia contratada.

El borrador de la nueva normativa sobre el bono social modifica estos aspectos, aunque sigue siendo un descuento sobre el precio de la tarifa regulada para pensionistas (sin límites de edad) y también para incapacidad permanente y para las familias numerosas, pero eliminando su acceso a los suministros con menos de 3 kW de potencia así como a los hogares con todos los miembros en paro. 

También podrán acceder a él nuevas categorías en base a la renta de la unidad familiar. Tomando para ello, como referencia, el IPREM, el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos, fijando dos tipos de descuento: del 25% para consumidores considerados vulnerables y del 40% en el caso de los consumidores vulnerables severos.
Dentro del primer grupo, habrá diferentes categorías, divididas en función de las características de la unidad familiar:a) Si es una familia sin menores a cargo, el umbral de ingresos para acceder al bono social será 1,5 veces el IPREM (798,77 €).
b) Si tiene un hijo a cargo, será 1067,20 €, y con dos hijos, 1331,28 €.

Estos umbrales se incrementarán en 0,5 veces el IPREM si en la vivienda hay víctimas de violencia de género, de terrorismo o algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Otro añadido a tener en cuenta será la existencia de una

limitación de consumo bonificado, será de 3600 kWh al año para las familias numerosas, de 1200 kWh para las que no tengan hijos a cargo, 1680 kWh si tienen un hijo menor a cargo, 2040 kWh si tienen dos y 1680 kWh para las viviendas con pensionistas que reciben la pensión mínima. Si se supera este límite, la parte excedida se pagará al mismo precio que el resto de los consumidores. 

c) Se crea un segundo grupo, de consumidores vulnerables severos. En esta categoría se encuentran los hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables señalados anteriormente.
En este caso, su descuento pasará a ser del 40% de su factura. Además, dentro de este grupo también estarán los consumidores en riesgo de exclusión social, que son aquellos consumidores vulnerables severos que están siendo atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos o comunidades autónomas. A estos consumidores no se les podrá cortar el suministro eléctrico, haciéndose cargo del coste de su factura una ayuda adicional cuya financiación todavía está por concretar. 

¿Quién financiará el bono social?

Ni eléctricas, ni el Gobierno se quieren hacer cargo del coste, que se calcula en unos 235 millones de euros anuales frente a los 200 millones del bono social actual.
Según el Real Decreto Ley en vigor desde Diciembre de 2016, la financiación del bono social recae en todas las compañías comercializadoras en función del número de clientes de cada una. Puesto que se paga por cliente y no por volumen de energía, las compañías pasarán a cada cliente su parte de contribución al bono social, aportando lo mismo a su financiación un hogar medio que una gran fábrica.

La Galicia de los pisos vacíos

299.396 es el número de viviendas vacías registradas en Galicia en el año 2011

De los 1,5 millones de viviendas registradas en Galicia, en ese año, que casi 300.000 estén vacías suena escandaloso, pero factores como el abandono rural, que registra treinta aldeas que cada año se van quedando vacías en Galicia, por motivos como el envejecimiento, la baja natalidad y la dispersión demográfica debido al paro y al estilo de vida urbano son motivos de esa despoblación.

Cada casa que se cierra en una aldea, no vuelve a ser habitada y yá van más de 1200 aldeas abandonadas.

¿Hay tanta vivienda vacía?,  los bancos ya no “regalan” hipotecas y la gente se tiene que ir de alquiler. Pero ese alto número de viviendas desocupadas, propiedad de emigrantes que invirtieron parte de sus ahorros no están en el mercado de alquiler porque además de desconfiar del trato que recibirán sus viviendas por parte de los inquilinos, no necesitan un rendimiento económico de esas propiedades y por otro lado, ofertarlas en época estival es más rentable.

Otra cosa es hablar de la SAREB, que oferta viviendas en Bergantiños, Ribeira, Cee, Portosín, Burela, A Guarda, Sanxenxo, procedentes de las 15.000 viviendas financiadas por NGC Banco ( Nova Caixa Galicia – Novagalicia Banco – ABANCA).

De las más de 100.000 viviendas vacías repartidas por todo el país, en este enlace tenéis algunas de las que hemos localizado, nuestras casa en Galicia

En Vigo, A Coruña y Ourense se juntan más de 50.000 viviendas vacías, ¿cuántas de ellas podría poner la administración a disposición de las familias desahuciadas o incapaces de acceder a un alquiler?, ¿cuántas de ellas proceden de la SAREB?.

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Las PAHs se movilizan en más de 50 municipios marcando a bancos y suministradoras por la Ley de Vivienda de la PAH — Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

La Ley Vivienda PAH quiere garantizar el Descanso Real Ya para todas las personas que sufren la emergencia habitacional: familias endeudadas de por vida, personas en alquiler inestable u ocupaciones en precario y afectadas por cortes de suministros. Hoy, miércoles 19 de julio, señalizamos en más de 50 municipios a los culpables de la emergencia…

a través de Las PAHs se movilizan en más de 50 municipios marcando a bancos y suministradoras por la Ley de Vivienda de la PAH — Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

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Asamblea, 20 de Mayo de 2017

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra es un lugar de encuentro de personas afectadas por las hipotecas, alquiler o por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, así como de personas solidarias. Es una asociación ciudadana, de lucha, solidaria y sin subvenciones públicas, gratuita y nadie cobra por colaborar en ella.

Somos personas que nos hemos unido para hacer frente a una situación injusta, víctimas de una estafa hipotecaria que sólo está sufriendo la ciudadanía, mientras los bancos son rescatados con dinero público.

Somos un movimiento ACTIVISTA, ASAMBLEARIO, donde la participación es VOLUNTARIA y la organización y asesoramiento, COLECTIVO y GRATUITO.

Sómos apartidistas, escapamos de toda ideología política que no sea social y por el derecho a la vivienda.
El empoderamiento y el trabajo colectivo de cada miembro es la base de la plataforma, los roles son rotatorios y escapamos de cualquier actitud clientelar, paternalista e individualista.
No somos ASISTENCIALISTAS

Asamblea, 6 de Mayo de 2017

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra es un lugar de encuentro de personas afectadas por las hipotecas, alquiler o por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, así como de personas solidarias. Es una asociación ciudadana, de lucha, solidaria y sin subvenciones públicas, gratuita y nadie cobra por colaborar en ella.
Somos personas que nos hemos unido para hacer frente a una situación injusta, víctimas de una estafa hipotecaria que sólo está sufriendo la ciudadanía, mientras los bancos son rescatados con dinero público.
Somos un movimiento ACTIVISTA, ASAMBLEARIO, donde la participación es VOLUNTARIA y la organización y asesoramiento, COLECTIVO y GRATUITO.
Sómos apartidistas, escapamos de toda ideología política que no sea social y por el derecho a la vivienda.
El empoderamiento y el trabajo colectivo de cada miembro es la base de la plataforma, los roles son rotatorios y escapamos de cualquier actitud clientelar, paternalista e individualista.
No somos ASISTENCIALISTAS

KIT RDL 5/2017 Moratoria e Aluguer Social

Acábase de aprobar o Real Decreto 5/2017 que modifica o Real Decreto 6/2012 (Coñecido como Código de Boas Practicas) e a Lei 1/2013 que decretou unha tímida moratoria de 2 anos para algúns casos de desafiuzamento.

Aínda que se anuncian como medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios, as modificacións teñen un alcance limitado e cosmético, para a galería, pois non soluciona as carencias das versións anteriores e non aborda a situación actual de miles de persoas en emerxencia habitacional.

A principal novidade é que este Real Decreto amplía os supostos de especial vulnerabilidade para a moratoria, a todas as familias con menores de 18 anos, independentemente do número ou idade, cuestión que dende a PAH xa denunciaramos mediante o recurso de inconstitucionalidade que expomos contra a Lei 1/2013.

Con todo, aínda que se teña unha situación “vulnerable”, mantense o requisito “económico”, que obriga a demostrar que o esforzo no pago da hipoteca incrementouse no últimos catro anos. Concretamente o artigo 1.3.b que di: “Que, nos catro anos anteriores ao momento da solicitude, a unidade familiar ha de sufrir unha alteración significativa das súas circunstancias económicas” e compleméntao co punto 4 do mesmo artigo cando di: “A efectos do previsto neste artigo entenderase: Que se produciu unha alteración significativa das circunstancias económicas cando o esforzo que represente a carga hipotecaria sobre a Renda familiar multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” non ten en conta a cronificación da situación da pobreza que foi facendo imposible o pago das cotas por dificultade acumulada tras varios anos de redución de ingresos, aínda que a cota mantívose máis ou menos estable.
É habitual caer en falta de pagamento de hipoteca por esgotamento no esforzo económico tras varios anos obtendo ingresos irregulares de aquí e de alá, con independencia da cota.

Cando se redactaron as moratorias orixinais, anos 2012 e 2013, este criterio podía ter certo sentido, pero entón as situacións de vulnerabilidade contempladas eran máis restritivas e, por tanto, tampouco eran medidas reais e efectivas para a maioría das familias afectadas. Por iso, a medida chega tarde e mal, xa que miles de familias que se puideron beneficiar desde o ano 2013 ata agora, xa non teñen opción, e hoxe en día, moitas delas viven pendentes de desafiuzamentos de aluguer.

Outro aspecto que contempla a Lei é un aluguer para as mesmas familias que teñen dereito á moratoria. A familia deberá afrontar, se quere acceder a iso, o pago da taxación da súa vivenda a fin de calcular o prezo da cota de aluguer, que será dun máximo do 3% anual do valor actual da vivenda, pero non regula nin limita estes alugueres en función da situación social e económica das familias que se poderían beneficiar. En conclusión, a medida establece un impedimento á vez que obriga a pagar a taxación que pode custar uns 400 euros ou máis, e deixa en mans das entidades financeiras o feito que sexa ou non unha medida efectiva para as familias que poidan pagar a taxación.

Este aluguer establecerase por cinco anos (o anterior era só por tres) o que parece un incentivo para que as persoas con moratoria non esgoten o prazo total ata maio de 2020, aínda que teñan dereito a iso.

Achegámosvos os documentos útiles para o seu respectivo uso:

  1.  SOLICITUD MORATORIA 2017
  2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
  3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
  4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
  5.  Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés(coas reformas en amarelo e as principais modificacións en verde):
    – Ámbito de aplicación da situación de vulnerabilidade.
    – Novo prórroga de prazo de suspensión de lanzamentos (ata o 15 de maio de 2020).
    – Mecanismos de aluguer (sobre inmobles obxecto de lanzamento + suspensión).
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Asamblea 22 de Abril de 2017

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra es un lugar de encuentro de personas afectadas por las hipotecas, alquiler o por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, así como de personas solidarias. Es una asociación ciudadana, de lucha, solidaria y sin subvenciones públicas, gratuita y nadie cobra por colaborar en ella.

Somos personas que nos hemos unido para hacer frente a una situación injusta, víctimas de una estafa hipotecaria que sólo está sufriendo la ciudadanía, mientras los bancos son rescatados con dinero público.

Somos un movimiento ACTIVISTA, ASAMBLEARIO, donde la participación es VOLUNTARIA y la organización y asesoramiento, COLECTIVO y GRATUITO.

Sómos apartidistas, escapamos de toda ideología política que no sea social y por el derecho a la vivienda.
El empoderamiento y el trabajo colectivo de cada miembro es la base de la plataforma, los roles son rotatorios y escapamos de cualquier actitud clientelar, paternalista e individualista.
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