Indignación máxima porque una sentencia firme, que anulaba el artículo de un reglamento, donde son los bancos, y no los clientes, quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, haya sido revisada en contra de la primera decisión.
La anulación de esta doctrina abalada por tres sentencias, abre la puerta a que las sentencias que hasta ahora eran firmes, terminen siendo revocadas por una reunión posterior del pleno a estancias del desprestigiado Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
¿Que legitimación van a tener a partir de ahora los juristas que juzguen nuevos casos?, si cada vez que se va en contra de la banca, volverá a haber otro pleno en el Tribunal Supremo, que se encargará de que la banca nunca pierda.
Desde la PAH, lo tenemos claro, el que se beneficia con esta inscripción es el que tiene que pagar, el banco, y no los particulares, que no tienen ningún interés en elevar a pública esta documentación.
