En España, actualmente casi 4 millones y medio de personas sufren pobreza energética y  a más de 650.000 familias se les ha cortado alguna vez el suministro por impago.

El Sr. Zapatero en 2009 y el sr. Rajoy en 2013 dieron pasos (?) para paliar, los efectos de la pobreza energética, aunque las restricciones y la falta de información disponible hicieron que ni siquiera la mitad de las familias a las que la medida iba dirigida se apuntaran.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo tumbó el sistema de financiación a petición de las eléctricas que lo ofrecían. Lo consideró discriminatorio para los intereses de estas compañías, ya que tenían que hacer frente a los costes del bono social (unos 200 millones de euros anuales). El Supremo determinó que estos costes deberían ser repartidos de forma objetiva.

¿Cómo es el nuevo bono social?, a día de hoy, el bono social es un descuento del 25% sobre el precio de la energía de la tarifa regulada, el PVPC, para determinados consumidores considerados vulnerables. Para acceder al Bono Social se debe cumplir al menos uno de estos requisitos: ser familia numerosa, pensionista mayor de 60 años con la prestación como único ingreso, que todos los miembros del hogar estén en paro y que en los hogares haya contratada menos de 3 kW de potencia contratada.


El borrador de la nueva normativa sobre el bono social modifica estos aspectos, aunque sigue siendo un
descuento sobre el precio de la tarifa regulada para pensionistas (sin límites de edad) y también para incapacidad permanente y para las familias numerosas, pero eliminando su acceso a los suministros con menos de 3 kW de potencia así como a los hogares con todos los miembros en paro.

También podrán acceder a él nuevas categorías en base a la renta de la unidad familiar. Tomando para ello, como referencia, el IPREM, el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos, fijando dos tipos de descuento: del 25% para consumidores considerados vulnerables y del 40% en el caso de los consumidores vulnerables severos.

Dentro del primer grupo, habrá diferentes categorías, divididas en función de las características de la
unidad familiar:

a) Si es una familia sin menores a cargo, el umbral de ingresos para acceder al bono social será 1,5 veces el IPREM (798,77 €).
b) Si tiene un hijo a cargo, será 1067,20 €, y con dos hijos, 1331,28 €.

Estos umbrales se incrementarán en 0,5 veces el IPREM si en la vivienda hay víctimas de violencia de género, de terrorismo o algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Otro añadido a tener en cuenta será la existencia de una limitación de consumo bonificado, será de 3600 kWh al año para las familias numerosas, de 1200 kWh para las que no tengan hijos a cargo, 1680 kWh si tienen un hijo menor a cargo, 2040 kWh si tienen dos y 1680 kWh para las viviendas con pensionistas que reciben la pensión mínima. Si se supera este límite, la parte excedida se pagará al mismo precio que el resto de los consumidores.

c) Se crea un segundo grupo, de consumidores vulnerables severos. En esta categoría se encuentran los hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables señalados anteriormente.

En este caso, su descuento pasará a ser
del 40% de su factura. Además, dentro de este grupo también estarán los consumidores en riesgo de exclusión social, que son aquellos consumidores vulnerables severos que están siendo atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos o comunidades autónomas. A estos consumidores no se les podrá cortar el suministro eléctrico, haciéndose cargo del coste de su factura una ayuda adicional cuya financiación todavía está por concretar.

¿Quién financiará el bono social?


Ni eléctricas, ni el Gobierno se quieren hacer cargo del coste, que se calcula en unos
235 millones de euros anuales frente a los 200 millones del bono social actual.

Según el
Real Decreto Ley en vigor desde Diciembre de 2016, la financiación del bono social recae en todas las compañías comercializadoras en función del número de clientes de cada una. Puesto que se paga por cliente y no por volumen de energía, las compañías pasarán a cada cliente su parte de contribución al bono social, aportando lo mismo a su financiación un hogar medio que una gran fábrica.