Otra vez estamos como en 2015, con la incertidumbre de saber ¿qué pasará con las familias que se han beneficiado de la moratoria del gobierno?, el plazo espira el 15 de mayo de 2017.
Nos encontramos ante una reforma hipotecaria fallida, por su clara insuficiencia e ineficacia para abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler.
Somos conscientes de que el gobierno no ha hecho mucho ante la realidad que vive la ciudadanía desde que empezó la crisis. A día de hoy más de 642.000 familias se han visto en procedimientos de ejecución hipotecaria y más de medio millón de familias han sido desahuciadas de sus viviendas y esto continúa día a día.
La PAH viene exigiendo una modificación de la Ley desde sus inicios hace ya casi 8 años, con la ILP con la que recogimos casi 1,5 Millones de firmas, con las Exigencias PAH, con las 5 de la PAH y el Gobierno no ha hecho más que rechazar nuestras exigencias, poner medidas cosméticas y recurrir todas las leyes autonómicas que se han ido aprobado en muchas comunidades.
El Gobierno ha fijado, durante este tiempo tres plazos de límite: primero el 16 de noviembre de 2014 que fijó el R.D.-Ley 27/12; después del 15 de mayo de 2015 según la Ley 1/2013, y por último, según el Real Decreto Ley 1/2015 hasta el 15 de mayo de 2017.
Pero esta Ley sus sucesivas modificaciones, no han resuelto nada o muy poco ya que solo se han acogido 22.850 familias hasta septiembre de 2016, lo que resulta un numero bastante bajo en relación a la cantidad de familias desahuciadas.
“Y esto ocurre por los estrictos requisitos que se han fijado que dificultan el acceso a esta Ley a la mayoría de familias, dejándolas fuera”.
Muchas familias que no han podido mejorar su situación económica en todos estos años ven con angustia como pasan las semanas y meses y cómo se acerca indeseablemente esa fecha. Claramente siguen sin tenerse en cuenta las dificultades de las familias
La PAH de Pontevedra exige que las familias han de poder vivir en sus viviendas sin otro límite de tiempo que hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional, eliminando toda otra restricción para acceder a este derecho que no sea la vivienda habitual y que no haya recursos.
“Todos los partidos políticos tienen una inmediata responsabilidad en encontrar la solución a este drama sino en unos meses puedan dejarse en la calle a cerca de 25.000 familias”.
Necesitamos un cambio urgente de la legislación española, necesitamos un cambio total de las políticas de vivienda de las administraciones de Estado español. Debemos luchar por una promoción prioritaria del alquiler social y sumar al precario parque público de viviendas de alquiler social esas viviendas vacías en manos de entidades financieras y de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).
