(Plaza de la Villa de París, 6,7 y 8 de octubre)
MANIFIESTO
En España las entidades financieras y los especuladores crearon durante años las condiciones para la generación de una burbuja inmobiliaria por la que una mayoría de la población se endeudó por décadas para acceder a una vivienda. En 2008, el sistema económico asociado a esta burbuja colapsó, y su resultado directo fue el desempleo masivo y la degradación de las condiciones de vida de la población.
Desde entonces, las entidades financieras han ejecutado cientos de miles de procedimientos judiciales, de dudosa legalidad, contra las víctimas de la burbuja. Por medio de la fuerza, se ha expulsado de su hogar a ciudadanos de a pie, familias completas, sin importar la edad, la presencia de niños y niñas, mayores, y dependientes. Se han generado deudas perpetuas y condenado a la “muerte civil” a personas cuyo único afán había sido contar con un techo digno y trabajar para pagarlo. En los últimos ocho años se cuentan más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, con el resultado de al menos 200.000 expulsiones de la vivienda habitual.
En este contexto de crisis humanitaria, los poderes públicos acudieron al rescate de los especuladores, especialmente las Cajas de Ahorro, aportando más de 53.000 millones de euros de fondos públicos. Al mismo tiempo, acometieron recortes sociales, bajaron los salarios, congelaron las pensiones, perdonaron la evasión fiscal, bloquearon el procesamiento de los responsables de la burbuja y se negaron a aprobar una iniciativa popular que recogió un millón y medio de firmas por la paralización de los desahucios.
La conducta antisocial de los poderes públicos ha llegado al punto de boicotear las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaban a España por mantener vivo un procedimiento de ejecuciones y desahucios inhumano. La sentencia del caso Aziz, de 14 de marzo de 2013, declaró que los procedimientos para cobrar deudas hipotecarias vulneraban derechos fundamentales, impedían la defensa, y permitían el abuso bancario masivo. Aun así, las autoridades responsables de frenar esta injusticia han hecho todo lo posible por proteger los intereses del poder financiero. En particular, el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores” (Sentencia de 23 de diciembre de 2015), o que “las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero” (Sentencia de 9 de mayo de 2013).
La lista de actos de violación de Derechos Fundamentales por parte de los poderes financieros y sus cómplices en el poder político, incluye la Estafa de las Preferentes, la venta a Fondos Buitre de Viviendas Sociales, la convivencia pacífica con decenas de desahucios diarios, las puertas giratorias, la Ley Mordaza, las Tasas Judiciales, la criminalización de familias sin recursos que recuperan viviendas de bancos para dormir bajo techo, la reforma del artículo 135 de la Constitución, las tarjetas Black, la corrupción crónica, …
Sin embargo, la letra y el sentido de muchas leyes sigue apelando a una idea de justicia que
defienda al débil, castigue al culpable y, – tal y como establece el Preámbulo de la
Constitución: “garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo…… en el que se proteja el ejercicio de los derechos humanos,…”.
Pon encima de ello, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de cumplimiento obligatorio, que reconoce el derecho a una vivienda y a unas
condiciones de vida dignas.
En este panorama de sufrimiento y dolor que llega a costar vidas humanas, muchas ciudadanas hemos encontrado un punto de apoyo en la solidaridad de nuestras semejantes,
organizándonos colectivamente para transformar la resignación en acción, el desamparo en esperanza, y la injusticia en rebeldía.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH), junto con muchos otros colectivos,
constituye una primera línea de empoderamiento ciudadano y defensa de los Derechos
Humanos, a pesar de muchas decisiones judiciales.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Sistema Judicial español, y ante sus puertas, exigimos hoy al mundo de la Justicia:
1.- La aplicación directa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenando la
paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna.
2.- La aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las
cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos.
En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha
existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales.
3.- Que se investiguen y juzguen las actividades presuntamente delictivas de las entidades
financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, y se depuren
judicialmente las responsabilidades políticas.
4.- Promover la despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad, y promover la tipificación del delito de usura.
5.- Investigar la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre, proteger a las víctimas de sus
desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado.
6.- Por último, exigimos la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Madrid, 6 de octubre de 2016.
