“Datos recientes apuntan a un total de 38.961 familias que perdieron su vivienda habitual en el año 2013 en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el año 2011 un 7% de los
hogares españoles tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda; en el año 2013 este porcentaje se elevó al 9,3% del total de hogares“.
Con estos datos, nos hacemos eco del estudio en colaboración que la Plataforma Stop Desahucios de Granada hace junto a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública que investiga los efectos en la salud de las personas del proceso de pérdida de la vivienda habitual.

Casi nueve de cada diez personas inmersas en un proceso de desahucio de su vivienda habitual pueden presentan niveles severos de ansiedad, un trastorno que adquiere tintes de depresión en el 91,2% de los casos consultados e incluso tentativas de suicidio. La repercusión y consecuencias en la salud de los afectados y en el sistema sanitario debido a la presión a la que se ven sometidas las personas que o han perdido o están bajo la amenaza de perder su vivienda es un tema bastante analizado en el resto del Estado. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios de Andalucía y Catalunya (Informe Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos), con encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con la PAH durante los últimos dos años, se han adentrado en esta problemática que, constituye “una emergencia de salud pública por el enorme impacto que genera, máxime entre los más vulnerables”.

#StopDesahucios, es la tercera de las exigencias que la PAH interpela a todos los partidos que concurren a la carrera hacia la Moncloa, para que la población en riesgo de perder su vivienda sea una prioridad para los servicios públicos de salud; se pongan en marcha programas de apoyo psicológico y sanitario; se adecuen programas de vigilancia que permitan detectar de forma temprana a las personas que presentan niveles deteriorados de salud física y mental; programas que les ayuden a a afrontar situaciones estresantes; promover entre todas las administraciones públicas, sanitarias, sociales, judiciales, de vivienda, económicas, regionales y locales, programas coordinados de protección de las familias en riesgo de desahucio y ante todo poner fin a los desahucios.

Aquí pudes descargar el estudio:
ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR UN PROCESO DE DESAHUCIO [Resumen ejecutivo]